La violencia endémica que enfrentan las mujeres en El Salvador

Por Alyssa Noval

El Salvador es uno de los países más peligrosos para ser mujer. Cada 24 horas, una mujer es asesinada por un hombre, la tasa más alta de feminicidios en el mundo (Huttner, 2020). Además de los feminicidios, las mujeres han sido despojadas de sus derechos reproductivos. En El Salvador, el aborto está totalmente prohibido. Incluso las víctimas de violación o incesto pueden enfrentar penas que van de dos a cincuenta años. También, la prohibición del aborto es tan amplia que incluso las mujeres que sufren abortos espontáneos y mortinatos pueden ser enjuiciadas por asesinato (Sorenson, 2021). Este es un problema importante, especialmente al considerar que la mayoría de las mujeres en El Salvador experimentan algún tipo de violencia sexual. Si bien el gobierno ha hecho algunos intentos de resolver estos problemas, no se ejecutan bien y las mujeres no continúan desprotegidas. El gobierno de El Salvador debe aprobar un proyecto de ley para despenalizar el aborto y proporcionar a las mujeres derechos reproductivos, adoptar medidas para proteger a las mujeres y disminuir la tasa de feminicidios, y difundir la conciencia sobre la violencia sexual y doméstica.

Primero, los abortos son completamente ilegales, incluso los abortos espontáneos o por violación, lo cual viola los derechos humanos. El caso de una mujer, Manuela, demuestra esta tragedia. Manuela tuvo un aborto espontáneo y fue sentenciada a 30 años de prisión por asesinato (Los Angeles Times, 2021). Manuela no es la única a quien esto ha sucedido. Cientos de mujeres han sido acusadas de aborto u homicidio agravado en los últimos 25 años (Sorenson, 2021). En estos casos se producen varias violaciones a los derechos humanos, entre ellas la discriminación por motivos de género, las violaciones al derecho a la salud y la transferencia inadecuada de la carga de la prueba a las mujeres acusadas, todos los cuales están garantizados por tratados internacionales (Sorenson, 2021). Las mujeres que abortan no son las únicas que enfrentan consecuencias extremas, «Los médicos que realizan el procedimiento pueden perder su licencia para ejercer y enfrentarse a penas de hasta 12 años de prisión. Muchos doctores se ven presionados por la sociedad para denunciar a cualquier persona sospechosa de haber abortado, según testimonios judiciales y entrevistas» (Los Angeles Times, 2021). La realidad, entonces, es que se violan los derechos de las mujeres. Las mujeres se ven obligadas a continuar su embarazo aunque sea el resultado de una violación, o que ponga en riesgo la vida de la madre, o que no haya los recursos para cuidar al niño. Lo peor de todo, en que se criminalice a las mujeres por tener abortos espontáneos. Esta significa que a los pobres se los acusen automáticamente de abortar (Los Angeles Times, 2021). No es justo que «la función más alta de una mujer sea sacrificarse en nombre de la reproducción» (Los Angeles Times, 2021). Las mujeres injustamente condenadas deben ser liberadas y las leyes de El Salvador deben ser reformadas. Se debe despenalizar el aborto, aunque al menos sea en casos con circunstancias atenuantes como la violación o el incesto. La reforma también podría detenería el flujo de condenas injustas por homicidio agravado contra mujeres que sufren una emergencia obstétrica, ya que cientos de mujeres salvadoreñas han sido acusadas de aborto o homicidio agravado en los últimos 25 años (Sorenson, 2021).

Otro gran problema que enfrentan las mujeres en El Salvador son los feminicidios. El Salvador tiene la tasa más alta de feminicidios en el mundo y el gobierno no ha sido eficaz para resolver este problema. El feminicidio en El Salvador es un problema grave: una mujer es asesinada cada 19 horas (Thelwell, 2019). Las causas de estos crímenes incluyen una ideología de machismo, altos niveles de violencia y una fuerza policial corrupta (Latin America Working Group, 2018). Según la ONU, solo una cuarta parte de los casos de feminicidio llegan a los tribunales y solo el 7% resulta en condenas (Duque, 2018). A pesar de que este es un problema muy serio, muchas mujeres no reciben la justicia que merecen. Aunque El Salvador aprobó una ley de violencia de género en 2011, estableciendo sentencias de 20 a 50 años por feminicidio, reconocer y enjuiciar estos casos sigue siendo arduo (Zanzinger, 2021). 

Dado que la seguridad pública debe ser una prioridad máxima, se necesita más financiación tanto a nivel nacional como en cada departamento y municipio. El equilibrio de financiación es desigual al comparar lo que América Latina, por ejemplo, invierte en seguridad frente a lo que invierte en programas para abordar la violencia de género. Se necesita realizar una investigación a nivel nacional para obtener estadísticas más precisas sobre el alcance de la violencia. La ley tiene que tener un sistema punitivo mucho más eficiente, así como servicios para los sobrevivientes y acceso a la justicia para ponerle un fin a la cultura de la impunidad (Duque, 2018).

La violencia sexual y la violencia doméstica contra las mujeres salvadoreñas va de la mano de la tasa de feminicidios. Un 67%  de las mujeres salvadoreñas sufrido algún tipo de violencia en su vida, incluyendo agresión sexual, violencia de pareja y abuso por parte de familiares (Latin American Working Group, 2018). El gobierno ha creado múltiples leyes en un intento de combatir estos problemas, incluyendo la «Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer» y «Por una Vida Libre de Violencia contra la Mujer». Además, en 2010, la legislatura salvadoreña estableció la Ley Especial Integral para una Vida sin Violencia para la Mujer, una serie de «leyes marco», o disposiciones constitucionales que definen requisitos amplios para las entidades gubernamentales. Este proyecto de ley fue escrito por organizaciones de la sociedad civil para combatir la violencia contra las mujeres a través de la prevención, la atención especial, el enjuiciamiento y el castigo. Sin embargo, hasta ahora menos de la mitad de todas las instituciones salvadoreñas se han esforzado en poner la ley en vigor hasta ahora (Duque, 2018).

En resumen, la plena aplicación de las leyes ha sido lenta y sigue siendo incompleta a causa de una financiación severamente inadecuada y una resistencia burocrática hacia la aplicación de la ley. La realidad es que hay una falta de recursos para las mujeres que padecen la violencia en El Salvador. El gobierno necesita crear refugios adonde las mujeres que sufren violencia puedan escapar. Además, los centros de la Corte Suprema para reportar violencia doméstica o intrafamiliar deben ser más efectivos, accesibles e inclusivos, para que todas las mujeres puedan buscar ayuda. El gobierno debe implementar efectivamente la legislación existente, reformar las instituciones para brindar un apoyo adecuado a las víctimas y aumentar la protección de estas mujeres que sufren violencia.

Si bien esta situación es en gran parte culpa de la falta de autoridad gobierno y de la falta de recursos y fondos para proteger a las mujeres, también es un problema social. Con una cultura altamente machista, El Salvador es un lugar donde muchas mujeres tienen miedo de hablar sobre lo que les ha sucedido. Se necesita crear una comunidad en la que las mujeres se sientan seguras, apoyadas y protegidas. Los grupos sociales deben correr la voz sobre la prevalencia y la gravedad de estos problemas que enfrentan las mujeres. Muchas mujeres no denuncian casos de violencia debido al miedo, la vergüenza, el terror y, sobre todo, porque no confían en el sistema judicial (Latin American Working Group, 2018). Existe una impunidad generalizada para los agresores en El Salvador, lo cual es inaceptable. Además, las mujeres corren un mayor riesgo porque se les priva del control legal sobre su salud. La impunidad, la inseguridad y la falta de control de las mujeres pueden conducir a graves problemas de salud mental y constituyen una violación de sus derechos fundamentales. El gobierno de El Salvador necesita crear nuevas leyes, así como hacer cumplir las que existen, con el fin de proporcionar a las mujeres derechos reproductivos, despenalizar el aborto y reducir las tasas de feminicidios y violencia doméstica.


Referencias

Duque, M. (2018). Sólo el 13 por ciento de feminicidios tiene condena: Naciones Unidas. El Tiempo. https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/naciones-unidas-advierte....

Huttner, S. (2020). El Salvador's Femicide Crisis. The Yale Review of International Studies. http://yris.yira.org/essays/3794.

Latin America Working Group. (2018). How Violence Affects Women in El Salvador.

Los Angeles Times. (2021). Un Tribunal Internacional Podría Presionar a El Salvador Para Que Cambie La Prohibición Del Aborto. Los Angeles Times. https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2021-04-19/el-sal....

Sorensen, J. (2021). El Salvador's Abortion Ban Jails Women for Miscarriages and Stillbirths – Now One Woman's Family Seeks International Justice. The Conversation. https://theconversation.com/el-salvadors-abortion-ban-jails-women-for-miscarriages-and-stillbirths-now-one-womans-family-seeks-international-justice-156484.

Thelwell, K. (2019). Women's Rights and Femicide in El Salvador. The Borgen Project. https://Borgenproject.org/Wp-Content/Uploads/The_Borgen_Project_Logo_sma..., 26 Nov. 2019, https://borgenproject.org/femicide-in-el-salvador/.

Zanzinger, K. (2021). Underreported and Unpunished, Femicides in El Salvador Continue. NACLA, https://nacla.org/news/2021/03/04/femicides-el-salvador-pandemic.

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