¿Una Constitución Ciudadana para Chile?

April 26, 2016

El proyecto de reemplazar la Constitución vigente en Chile desde 1980 es ampliamente avalado por la ciudadanía.1 Un estudio de opinión señalaba en octubre de 2015 que el 77 por ciento de los encuestados acordaba con que es necesario elaborar una nueva constitución, mientras un 22 por ciento lo consideraba prioritario para el país.2 El tema no es nuevo, ya que se ha discutido en reiteradas ocasiones desde la transición a la democracia. Sin embargo, fue en la última década, y especialmente durante la campaña presidencial de 2013, cuando comenzó a conseguir un amplio soporte social, independiente de la posición de y frente a los partidos políticos. Baste mencionar que en la campaña por las presidenciales de 2010, el ganador, Sebastián Piñera, fue el único candidato que no propuso un cambio constitucional (convirtiéndose en presidente para el período 2010-2014). Para las siguientes elecciones el panorama había cambiado y, en la actualidad, hasta Piñera ha presentado su proyecto de nueva constitución.

El consenso social en torno a la necesidad de una nueva constitución es, en particular, un resultado de la confluencia entre el trabajo de algunas organizaciones sociales y la campaña impulsada por la presidenta Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-). Del lado de la sociedad civil, la campaña Marca tu Voto, por ejemplo, fue exitosa en expandir la demanda en la sociedad. Este movimiento invitó a los ciudadanos a marcar su voto  (“AC”) pidiendo una asamblea constituyente. La experiencia siguió el precedente del movimiento de la “séptima papeleta” en Colombia, en 1990. En ambas ocasiones, el objetivo fue añadir una opción por la constituyente en una elección convencional y contabilizarlo (lo que implicó una considerable movilización y acuerdos políticos para poder estar presentes en las mesas y contar los votos). En Colombia el movimiento dio origen a  la constituyente que tuvo lugar pocos meses más tarde. En Chile el tema todavía está en discusión, pero sin duda la campaña ha dado frutos. 

Bachelet, por su parte, lo convirtió en el objetivo central de su segundo gobierno (“su legado”), y puede decirse que ha triunfado, al menos en lo que refiere al respaldo social conseguido. Esto es evidente en la disociación del apoyo a una nueva constitución y el apoyo a su gobierno. Para febrero de 2016, con su popularidad en mínimos (menos del treinta por ciento del electorado aprueba su gestión) y numerosos casos de corrupción que acosan a los partidos y a la propia familia de Bachelet, la propuesta de una nueva constitución ha echado raíces.

Cuatro son las cuestiones que marcan la agenda pública actual en torno al tema. Primero, la necesidad de una nueva constitución; segundo, los contenidos que la misma debería incluir; en tercer lugar, el instrumento más idóneo para elaborar la nueva carta constitucional y, por último y asociado al punto anterior, el rol atribuido a la ciudadanía en el proceso.

Sobre la necesidad de reemplazar la Constitución de 1980, aunque cada vez son menos, todavía hay actores que se oponen. Partidos como la Unión Demócrata Independiente (UDI), de la coalición de partidos de derecha Chile Vamos, sostienen que las reformas realizadas a la Constitución aprobada por el dictador Augusto Pinochet, han sido suficientes para limpiar de resabios autoritarios la carta magna y consolidar el marco de convivencia que ha dado estabilidad al sistema chileno. Una estabilidad bien valorada y considerada excepcional en el marco regional. Para otros, a pesar de las reformas, la Constitución de 1980 adolece de legitimidad de origen –aprobada por la dictadura– y no representa a las nuevas generaciones, crecientemente desencantadas con la democracia representativa (Soto 2013). En cuanto a lo último, la crisis parece amenazar especialmente a los partidos, que cuentan con la creciente desaprobación de la población, mientras también crece la abstención electoral. A modo de ejemplo, las últimas elecciones registraron una participación que apenas rozó el 50 por ciento, una de las más bajas de América Latina, siendo los jóvenes los que menos participan en estas formas de política convencional.

En cuanto a la Constitución vigente, las reformas han sido numerosas, y algunas especialmente relevantes, como la de 2005. En esa ocasión se introdujeron 58 enmiendas, entre ellas, la modificación de los estados de excepción constitucional y la eliminación de los senadores designados y vitalicios. Más recientemente, se produjo otro cambio que rompe con el legado de la dictadura, y que fue habilitado en la reforma de 2005, cuando se eliminó la referencia al sistema electoral binominal, que incentivaba el mantenimiento de las dos grandes coaliciones de partidos y garantizaba su acceso relativamente equitativo en el Congreso. Esto permitió la elaboración de una nueva ley electoral (en 2015), que cambia los incentivos electorales con consecuencias todavía desconocidas pero que sin duda promoverán al menos una mayor presencia de nuevos partidos o de partidos compitiendo por fuera de las dos grandes coaliciones que han dominado el escenario político-electoral desde los noventa. 

En segundo lugar, se debate qué debería contener una nueva constitución. Para quienes se han sumado al proyecto a última hora, como el ex presidente Piñera (Renovación Nacional), los cambios podrían ser más cosméticos que de fondo, en lo que muchos califican como una estrategia gatopardista (cambiarlo todo para que no cambie nada). Pero el tema divide incluso a la Nueva Mayoría, la coalición de partidos de centro y centro-izquierda en el gobierno. Algunos no están del todo convencidos de la necesidad del cambio. Otros ponen el énfasis en la ampliación de los derechos sociales, proponiendo un modelo garantista. Un tercer grupo enfatiza en que de lo que se trata es de cambiar las reglas del juego para eliminar el requisito de mayorías elevadas que bloquea buena parte de las reformas. Este punto es fundamental para quienes piensan que el régimen militar produjo una democracia tutelada, garantizando un amplio poder a los actores agrupados a la derecha, que les permite mantenerse en las instituciones (algo hasta ahora facilitado por el sistema binominal) y garantiza el poder de los grupos económicos.

En La Constitución Tramposa, Atria (2013) ha descrito como operan estos mecanismos para “neutralizar la agencia política del pueblo” (frase que Atria toma de uno de los fundadores de la UDI). Por ejemplo, las leyes orgánicas constitucionales (educación, Administración del Estado, concesiones mineras, partidos políticos) requieren del apoyo de 4/7 de los senadores y diputados en ejercicio, algo que era casi imposible de obtener en el marco del sistema binominal. Pero incluso en el caso que lograra aprobarse, la competencia preventiva del Tribunal Constitucional podría dejar sin efecto el proyecto antes de que se convierta en ley. Frente a esto, son más las voces que coinciden en que la nueva constitución debe promover el regreso de la política frente al inmovilismo que, alegan, caracterizaría al Chile actual.

La tercer cuestión es la de las formas. La Constitución chilena contempla mayorías requeridas para proceder a un reemplazo (3/5) pero no establece un mecanismo para elaborar un texto constitucional. Para desarrollar el proceso en el marco de la legalidad, en consecuencia, es necesario modificar la actual Constitución. Según la hoja de ruta presentada por Bachelet el 13 de octubre de 2015, esta propuesta será enviada al Congreso durante el segundo semestre de 2016. Entonces, los parlamentarios deberán votar a favor o en contra del proyecto de modificación y decidir entre los mecanismos propuestos por el ejecutivo: una comisión bicameral (senadores y diputados), una convención constituyente mixta (representantes de partidos y de organizaciones de la sociedad civil), una asamblea constituyente (con características no definidas) o un plebiscito ciudadano (para tomar la decisión directamente entre las opciones planteadas).

Algunos partidos se decantan por la asamblea constituyente (AC) (Partido por la Democracia, Partido Radical Social Demócrata, Partido Revolución Democrática, Partido Progresista y Partido Comunista), que es el mecanismo preferido por las organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas muy activas en la discusión pública sobre el tema, como Marca tu voto. Sin embargo, la AC cuenta también con el profundo rechazo de otros sectores, en particular los agrupados en Chile Vamos. El fantasma de Venezuela y el populismo chavista se agita en algunos programas de TV y medios de prensa, aunque no parece calar en una opinión pública capaz de diferenciar entre escenarios tan opuestos (un nuevo partido hegemónico en un sistema en crisis en la Venezuela de 1999 versus un escenario político plural y competitivo con dominio de actores consolidados en Chile).

Por último, ya se ha comenzado a trabajar en el proceso participativo. El mismo se define como una fase de “encuentro”, que consiste en la participación pública institucionalizada a nivel territorial (escalando desde el nivel local hasta el nacional), que busca que las visiones ciudadanas acordadas incidan en la primera versión del proyecto de cambio constitucional que enviará la Presidenta al Congreso. Posteriormente, la fase de “deliberación”, consistirá en la discusión sobre los contenidos constitucionales en la sede constituyente acordada por el congreso nacional (comisión bicameral, convención constituyente mixta, asamblea constituyente). Por último, la “soberanía” se ejercerá en la consulta ciudadana ratificatoria del nuevo texto constitucional.

La fase de encuentro (el proceso de participación ciudadana) cuenta con una etapa denominada de educación cívica, a la que seguirán los diálogos ciudadanos implementados en comunas, provincias y regiones. Esto culminará con la elaboración de una síntesis a nivel nacional que se sistematizará en un documento denominado “Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución”, que serán entregadas en Octubre del 2016 al congreso, junto a la propuesta de reforma mencionada más arriba. La convocatoria abierta de “facilitadores”, personas con capacitación que se espera cumplan un rol clave moderando discusiones y coordinando la elaboración de las actas en los foros que se desplegarán en el territorio ya está abierta. Dos días después de abrir la convocatoria, más de dos mil postulaciones sorprendían al mismo gobierno, como señal del interés despertado por el proceso.

El camino ha comenzado a abrirse, aunque la ruta que finalmente seguirá es incierta. Entre los actores que con más énfasis apoyan el proceso desde la sociedad civil se critican algunos aspectos paternalistas de la propuesta participativa (la fase de educación cívica, por ejemplo) o el hecho de que el proceso participativo excluya a los ciudadanos de uno de los debates considerados fundamentales (el mecanismo para elaborar la nueva constitución). Otros elementos despiertan controversia: ¿Cómo se traduce una participación deliberativa y amplia en algo tan complejo como un texto constitucional? ¿Cómo se garantizará que las bases derivadas del proceso participativo respeten las decisiones tomadas? Se ha dicho que el Consejo de Observadores en teoría juega un rol clave en este sentido, sin embargo, las competencias que se le atribuyen permiten dudarlo. Por otra parte, surge una contradicción entre la búsqueda de devolver su lugar a la política y el hecho de que Bachelet a título personal presente el proyecto (¿lo haría, independientemente de que algunos aspectos vayan en contra de su propia posición política?). Por último, está la cuestión del desfase entre un proceso participativo en marcha y una fase de elaboración constitucional posterior y aún no definida. A pesar de todos estos y otros interrogantes, el apoyo social a un proceso participativo en un contexto atípico (la transición ha dado lugar a un sistema estable, no hay crisis económica, hay competencia y pluralidad) convierten el caso en una experiencia fascinante, que puede abrir nuevos horizontes para la resolución de algunos de los problemas que acosan a las democracias contemporáneas. Habrá que estudiarlo con mucha atención.


Notas 

1 Este texto amplia el contenido de una nota publicada previamente en Swiss Info. Disponible en :http://www.swissinfo.ch/democraciadirecta/punto-de-vista_una-nueva-constituci%C3%B3n-para-chile/41949282

2 CADEM. Estudio nº93, disponible en:  http://www.cadem.cl/wpcontent/uploads/2015/10/3456565.pdf

 

Referencias 

Fernando Atria Lemaitre, La Constitución Tramposa, LOM Ediciones, Santiago, Chile, 2013, 161 p.

Francisco Soto Barrientos, El desafío de la participación: Estudio comparado sobre el referéndum y la iniciativa legislativa popular en América Latina y Europa, Editorial: LOM, Santiago, en prensa 2013, 295 páginas.

About Author(s)

Yanina Welp
YANINA WELP is Regional Director for Latin America at the Centre for Research on Direct Democracy (Zentrum für Demokratie Aarau, University of Zurich). She has completed a PhD in Political and Social Sciences at the Pompeu Fabra University (Barcelona, Spain) and holds a degree in Political Science and in Social Communication Science, both from the University of Buenos Aires. Her main areas of study are the mechanisms of direct and participatory democracy in Latin America and digital media and politics. Webpage: https://c2d.academia.edu/YaninaWelp