¿México necesita una Comisión de la Verdad?

October 11, 2016

En un esfuerzo por lavar un poco las manchadas y vilipendiadas siglas de su partido antes de las elecciones de 2015, diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD)1, junto con otros grupos parlamentarios –seguramente con el mismo propósito- han propuesto la creación de una “Comisión de la Verdad en Materia de Delitos de Desaparición Forzada y Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias en el Periodo 2006-2014”. En el proyecto de ley publicado en la Gaceta Parlamentaria del 11 de diciembre de 2014 se explica que dicha comisión sería un instrumento para coadyuvar con autoridades locales y federales para:

Esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades y construir un esquema de protección a las víctimas y restitución de derechos, en todos aquellos casos en que los agentes del Estado hayan participado en la comisión de los delitos relacionadas con las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias con la finalidad única de garantizar el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la verdad y la no repetición del daño, como parte del inicio de un proceso de conciliación y reconciliación nacional que permita alcanzar la paz.

En el sanguinario ecosistema mexicano, conceptos como justicia, verdad, no repetición, reconciliación o reparación, parecen animales en peligro de extinción. Así que verlos en un mismo párrafo y más en una iniciativa de ley puede resultar deslumbrante en un primer momento. Pero no nos dejemos apantallar, estos conceptos están también en la denostada e inoperante Ley de Víctimas, así como en muchos de los códigos penales estatales y en el Código Penal Federal. Forman parte del lenguaje jurídico y de derechos humanos que en el país no es más que letra muerta enterrada en una fosa clandestina de impunidad y corrupción.

Sin embargo, estos conceptos también son parte de un lenguaje transicional global y hegemónico que –para bien o para mal- empezaremos a escuchar en México con más frecuencia. Para Alejandro Castillejo se trata de un lenguaje normalizado e institucionalizado para hablar de la violencia y que tiene su culminación en procesos de justicia transicional que normalmente se confeccionan en forma de comisiones de la verdad2 como la que están proponiendo los cándidos legisladores y que tienen eco en algunos círculos académicos e intelectuales y que también es vista con buenos ojos por varias organizaciones de la sociedad civil.  

De 1974 a la fecha más de treinta países han celebrado comisiones de la verdad para documentar y castigar los diferentes delitos y violaciones a Derechos Humanos cometidos durante un periodo determinado ya sea por una guerra o un régimen autoritario. Durante estas cuatro décadas se han ido forjando una serie de teorías, herramientas y tecnologías que han terminado por solidificarse en documentos que contienen consejos y “reglas de oro” para la creación de comisiones de la verdad en diferentes contextos, como si fuera un recetario de cocina cantonesa. Este es el caso del Manual para Estados en situación de postconflicto de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.

Las comisiones de la verdad son dispositivos de clausura para periodos determinados de violencia, por lo que sirven como herramientas para gestionar y administrar el pasado. Sin embargo, cuando se celebra una comisión de la verdad, la visión del pasado no es lo único que está en juego, también se busca sentar las bases para la transición hacia un futuro idílico, muchas veces obviando lo que pasa en el presente. Para ejemplificar esto, me gustaría contar lo que sucedió cuando, en el marco del II Encuentro de Estudios Críticos de las Transiciones celebrado en la Universidad de los Andes, se abordó el tema de una posible Comisión de la Verdad para Colombia. Fueron invitados para hablar sobre la posibilidad un empresario, un coronel del ejército, un guerrillero desmovilizado y un activista y en sus intervenciones todos vieron la posibilidad con buenos ojos. Sin embargo Luz Dary Santiesteban, una querida y admirada mujer-coraje de Buenaventura, se saltó los protocolos y les preguntó: ¿Qué iba a hacer una Comisión de la Verdad con los desaparecidos actuales, vinculados tanto a megaproyectos (minas y puertos) como a las actividades de las denominadas Bandas Criminales? Su pregunta cayó como balde de agua fría y  ni el empresario ni el coronel se atrevieron a contestar.  

Además de obviar la violencia presente, las comisiones de la verdad están incapacitadas para abordar las violencias estructurales, históricas, disciplinantes y difusas por lo que se ven obligadas a configurar una jerarquía de víctimas, victimarios y violencias3. Vale la pena preguntarse de qué manera abordaría una supuesta Comisión de la Verdad en México casos como el de Edgar Jiménez Lugo, mejor conocido como ”El Ponchis”, que a los 14 años ya cargaba en su conciencia con al menos 4 homicidios y varias mutilaciones. En un ejercicio transicional la mejor de las suertes que podría correr sería ser considerado como un “niño soldado” y que el castigo y la obligación de reparación recayera en sus superiores. Sin embargo se obviarían circunstancias como el abandono por su madre drogadicta a los 5 años en San Diego, California; la difícil crianza de cinco nietos por parte de su abuela en Tejalpa, Morelos; la súbita muerte de la misma cuando tenía apenas 9 años cumplidos; la falta de adaptación a la escuela y su gusto frustrado por las tortugas; su secuestro y entrenamiento por parte de un grupo del crimen organizado; el uso obligado de drogas para matar y mutilar, y otras circunstancias imposibles de traducir y entender para el lenguaje jurídico transicional.

Otro problema de crear una comisión de la verdad como mandan los cánones internacionales es que se corre el riesgo de obviar la responsabilidad internacional en el cultivo de violencias. En el caso de México, sería imperdonable dejar de lado “la historia centenaria de violaciones a los derechos humanos y de extorsión a la soberanía de México desde principios del siglo XX que ha ocasionado la instrumentalización del régimen global de prohibición de drogas” (Enciso, 2014) y que se ha maximizado con los paradigmas de “Guerra contra las drogas” y “Guerra contra el terror” que se alimentan y entrecruzan viciosamente entre si en forma de tráfico de armas, entrenamiento en contrainsurgencia y contraterrorismo, financiamiento de tecnologías de vigilancia, políticas de militarización de la seguridad pública, etc.

En un contexto tan complejo como el mexicano, donde no sabemos donde termina el crimen organizado y dónde empieza el Estado, un ejercicio de justicia transicional puede ser utilizado para que ciertos grupos de poder interpreten el pasado –y el presente- a su beneficio para lograr impunidad. Esto es lo que pasó con la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) que instituyó la Administración de Vicente Fox para los delitos de la Guerra Sucia y cuyo fracaso para Javier Treviño se debió a que fue conducida a través de las estructuras de poder existentes y operada por miembros del régimen investigado.

También puede ocurrir que, después de una ardua labor investigativa, el ejercicio termine solamente en un voluminoso reporte sin incidencia alguna en la realidad. Este es el caso, en mi opinión, de la recién concluida “Comisión de la Verdad para la investigación de las violaciones a Derechos Humanos durante la Guerra Sucia de los años sesenta y setenta en Guerrero”. Dicha Comisión tuvo una duración de dos años y tuvo acceso a 412 declaraciones directas que confirmaron lo que es un secreto a  voces: que el Estado practicó una política de exterminio entre 1969 y 1979. Así mismo, tuvo la autoridad para realizar algunas excavaciones encontrando los restos de dos personas desaparecidas. Sin embargo, su labor es prácticamente desconocida salvo para ciertos círculos académicos y algunas organizaciones de derechos humanos.

Pareciera que cada vez que se habla de algún tipo de ejercicio transicional como las comisiones de la verdad o las fiscalías especiales, el resultado siempre será positivo y no necesariamente es así. Ambos ejemplos citados deberían servir para alertarnos sobre los peligros inminentes de la gestión e interpretación del pasado por grupos de poder y tecnócratas profesionales. México no está, ni estará, en un escenario transicional en el corto o mediano plazo, por lo que un ejercicio de ese tipo solo servirá para echar tierra a todas las violencias que se han acumulado en estos últimos años. Aún así, creo que, independientemente de la “fiebre transicional” o la “comisionitis” que empezaremos a vivir, es necesario un ejercicio colaborativo y crítico de reflexión entre que nos permita entender y afrontar la catástrofe cotidiana. Se trata intentar ver a la Gorgona desde diferentes ángulos sin petrificarnos, no de subcontratar a una camarilla de expertos para que lo hagan por nosotros con su propia metodología y pagados por los que han alimentado a la Medusa.


Referencias:

1) José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala y presunto autor de las desapariciones forzadas de los 43 normalistas pertenecía a este partido.

2) Alejandro Castillejo. “La Imaginación social del futuro. Notas para una Comisión de Verdad en Colombia”. En Centro de Memoria, Paz y Reconciliación Detrás del espejo. Los retos de las comisiones de la verdad. Bogotá, 2014.

3) Ibíd.

 
 

 

About Author(s)

Alejandro Vélez Salas
Alejandro is the editor in chief of Nuestra Aparente Rendición's webpage (http://nuestraaparenterendicion.com/). He has a BA in Political Science from Instituto Tecnológico Autónomo de México and a PhD in Humanities form Universitat Pompeu Fabra. He just finished a postdoctoral fellowship at Universidad Autónoma Metropolitan-Xochimilco. His research interests are: enforced disappearance, surveillance studies, terrorism, 9-11 studies, genocide and public security.