El Poder Económico Durante el Kirchnerismo

October 12, 2016

En este artículo presentamos algunas claves sobre la evolución del poder económico en la Argentina en este nuevo siglo. Ello es fruto de una investigación que se vio plasmada en un artículo publicado en el último número de la revista Latin American Research Review1 y en un libro reciente (Restricción eterna. El poder económico durante el kirchnerismo, Futuro Anterior, Buenos Aires, 20142) que editamos junto a nuestro colega Alejandro Gaggero.

Empresas transnacionales, grupos económicos locales y empresas públicas

Si bien el régimen de convertibilidad (1991-2001) conllevó un agudo proceso de concentración económica, su abandono no supuso una reversión de dicho fenómeno: mientras que en 2001 las 500 empresas más grandes del país explicaron el 15% del producto bruto total, en la actualidad la participación orilla el 22%. En ese marco, la evolución del poder económico en la última década se caracteriza por tres aspectos:

A) La continuidad del proceso de extranjerización. Aproximadamente el 55% de las ventas de las 200 empresas más grandes está en manos de capitales extranjeros. El predominio extranjero se manifiesta en casi la totalidad de los sectores económicos y su no reversión en la última década se desprende de una serie de factores, entre los que se destacan las diferencias de desempeño entre los oligopolios extranjeros y el capital nacional, la adquisición de varias grandes firmas o conglomerados locales por capitales foráneos, la vigencia de ciertos instrumentos normativos de índole neoliberal que no se revirtieron (como la Ley de Inversiones Extranjeras sancionada en la última dictadura militar y ampliada durante la década de 1990, y la vigencia de casi la totalidad de los 58 Tratados Bilaterales de Inversión que la Argentina firmó en dicha década), y una aplicación defectuosa de la legislación sobre defensa de la competencia.

B) La redefinición de los grupos económicos locales. Luego del abandono de la convertibilidad se redujo aún más la presencia global de los grupos nacionales dentro de la elite empresaria de la Argentina. Esto constituye una continuidad con el proceso que se comenzó a manifestar en la segunda mitad del decenio de 1990. Pero ello no debería opacar el hecho de que se dio un recambio importante dentro de este estamento del gran capital local. Básicamente, ello se asoció al afianzamiento estructural de un puñado de grupos especializados en el procesamiento y la comercialización de materias primas (se trata, en su mayoría, de actores muy volcados a los mercados externos), y a la irrupción de actores “nuevos” cuya expansión reciente (en algunos casos notable) se vinculó, en lo sustantivo, con su inserción en sectores no transables y/o con una vinculación estrecha con el sector público. Ahora bien, nada indica que nos encontremos frente a un nuevo conjunto de campeones nacionales fomentados desde el aparato estatal para disputar una porción del mercado mundial en sectores dinámicos y/o intensivos en conocimiento, sino que se vinculan con el aprovechamiento de espacios de acumulación a resguardo de la competencia externa. Más allá de las diferencias que puedan establecerse entre estos capitales y los anteriores, es claro que vistos en conjunto, su crecimiento en los últimos años no ha contribuido a impulsar una reindustrialización del país con base en el desarrollo de nuevas capacidades productivas que puedan potenciar las ventajas competitivas dinámicas de la economía argentina. Los pocos avances en esta materia han venido mayormente de la mano del Estado y no del sector privado.

C) La reaparición del Estado en el control de grandes empresas. En la última década el Estado nacional retomó el control de algunas empresas privatizadas durante el decenio de 1990, entre las cuales sobresalen, por su importancia, los casos de la principal empresa del país (la petrolera YPF), la línea área de bandera, varios ramales ferroviarios y las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Este proceso, que comenzó con una serie nacionalizaciones aisladas en el gobierno de Néstor Kirchner y se intensificó desde 2008 bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, llevó a que creciera la importancia de las firmas públicas y las asociaciones con presencia estatal en el conjunto de las empresas más importantes del país y configura una situación que no debería soslayarse. En este “regreso del Estado” no parece haber primado una visión estratégica y sí una táctica regida por la coyuntura económica y/o política. Pero es innegable que en algunos casos los efectos de la intervención estatal podrían ser estructurales en lo referido a la dinámica del modelo de acumulación en la Argentina.

 

Extranjerización y restricciones al desarrollo

En la fase actual del capitalismo global, la predominancia de las empresas extranjeras es notable y evidente, sobre todo en países periféricos como la Argentina. Sin desconocer lógicamente esa realidad, en nuestro análisis hacemos hincapié en la concurrencia de ciertos factores internos que son centrales como impulsores de la extranjerización. En particular, los mencionados legados normativos de la década de 1990 (la Ley de IED, la vigencia de 55 tratados bilaterales de inversión y la escasa aplicación de la normativa de defensa de la competencia). A su vez, habría que agregar que, a diferencia de otras experiencias nacionales, en la Argentina es poco lo que se ha hecho en lo que refiere a la imposición de metas de desempeño para el capital extranjero radicado en el país, de allí que no sean casuales los efectos perniciosos que su operatoria ha tenido, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes:

A) Las compañías transnacionales que se desenvuelven en el nivel local son relativamente poco generadoras de empleo por unidad producida y en su interior se manifiesta una distribución funcional del ingreso sumamente regresiva;

B) Las presiones sobre las cuentas externas generadas por los actores que controlan una proporción considerable y creciente del ingreso, dado que si bien son importantes exportadores, también son fuertes demandantes de divisas debido a sus altos coeficientes de importación, la remisión al extranjero de utilidades y dividendos, el pago de honorarios y de regalías por la compra y/o la utilización de tecnologías y patentes, los intereses devengados por el endeudamiento con el exterior, la fuga de capitales, etc. Por eso, difícilmente se pueda afirmar que la inversión extranjera directa contribuya en el largo plazo a superar el problema del estrangulamiento externo crónico de la Argentina; y

C) El predominio económico que experimenta la fracción extranjera de la elite empresaria involucra diversos sesgos que atentan contra la complejización de la estructura productiva, puesto que estos capitales, en procura de minimizar sus costos absolutos a nivel mundial y/o a partir de su posición dominante en el mercado interno, suelen carecer de interés real para ello. Seguramente de allí pueda desprenderse la baja tasa de reinversión de utilidades de las compañías foráneas en un escenario de apropiación de elevados márgenes de ganancia, de ampliación de la demanda local e internacional y de ausencia de cambio estructural en el perfil de especialización y de inserción internacional de la Argentina.

 

Poder económico y restricción externa

A comienzos de la década en curso se hace cada vez más manifiesta en la Argentina la existencia de problemas en su sector externo. Ello se asocia al despliegue de una serie de procesos estructurales que, por distintos motivos, involucran al poder económico y se desprenden de una serie de acciones y omisiones estatales en diversos frentes. Además de la cuestión de la deuda externa, en nuestro análisis resaltamos cuatro:

A) La presión sobre las cuentas externas que surge de la operatoria del capital extranjero radicado en el país: sólo en 2011, antes de la aplicación severas restricciones al acceso a moneda extranjera, las empresas extranjeras remitieron al exterior más de 10 mil millones de dólares, equivalentes al 65% de las utilidades totales. A lo cual habría que adicionarles montos multimillonarios asociados a la sobrefacturación de importaciones, la subfacturación de exportaciones, los pagos de intereses, regalías y honorarios, así como a la concreción de sus (escasas) inversiones con maquinarias y equipos que, en no pocas ocasiones, desplazaron a productores nacionales de esos mismos bienes (“sustitución inversa”).

B) El pronunciado déficit comercial del sector industrial, que se vincula con dos actividades muy promovidas desde la política económica (automotriz y electrónica de consumo), la casi total ausencia de políticas activas y coordinadas de sustitución de importaciones y el despliegue, por diferentes vías, de procesos de “sustitución inversa”.

C) La continuidad de la fuga de capitales al exterior por parte de los segmentos empresarios más concentrados (en 2008 y 2009 se fugaron alrededor de 30 mil millones de dólares, mientras que sólo en 2011 se fueron 25 mil millones). En relación con la fase neoliberal, en la posconvertibilidad la estrategia de acumulación de las firmas líderes y los conglomerados locales siguió otorgándole a la fuga de capitales un lugar relevante. Sin embargo, esa línea de continuidad no debería hacer perder de vista la existencia de algunas modificaciones en ese proceso de internacionalización. Bajo el esquema convertible la fuga realizada por el gran empresariado estuvo relacionada básicamente con el despliegue de estrategias de valorización financiera del capital, así como a la salida al exterior de buena parte de los recursos generados por la venta de empresas y grupos nacionales al capital extranjero. En la posconvertibilidad, si bien algunos de estos elementos también estuvieron presentes (como la remesa de recursos generados por la desnacionalización de algunas compañías oligopólicas), lo que primó fue el envío al exterior de las abultadas ganancias internalizadas por esta fracción del poder económico en un escenario de fuerte crecimiento económico y relativa “reticencia inversora”.

D) La emergencia de una crisis energética por efecto de una política sectorial que no logró quebrar, al menos hasta la estatización del capital accionario mayoritario de la petrolera YPF, una lógica de sobreproducción y subexploración por parte de las grandes firmas del sector. Sólo en 2013 se importó combustibles por 11 mil millones de dólares, siendo que la balanza comercial energética arrojó un déficit del orden de los 6 mil millones.

En ese marco, en enero de 2014 el gobierno nacional decidió hacer frente a este escenario de restricción externa mediante la devaluación del peso y una serie de medidas complementarias (reducción del gasto público, suba de tasas de interés, etc.). Todo ello se articula con otras medidas tendientes a que ingresen divisas por otros medios y que buscan morigerar los efectos de la devaluación sobre los salarios y la distribución del ingreso (puntualmente: el intento, todavía fallido, de volver a los mercados financieros internacionales y la suscripción de diferentes acuerdos financieros con China).

Desde nuestro punto de vista, en la perspectiva de los policy makers subyace una mirada de corto plazo sobre los problemas de la economía nacional, siendo que la explicación del cuadro complejo que estamos atravesando involucra también cuestiones estructurales. Es evidente que la etapa de crecimiento alto y “fácil” ha quedado atrás, en tanto vuelven a emerger las dificultades propias de un país periférico y dependiente.


Referencias:

1 Para mayor información, ver:  https://lasa.international.pitt.edu/esp/larr/current-issue.asp

2 Para mayor información, ver:  http://www.futuroanterior.com.ar/catalogo/intervenciones/restriccion-eterna

About Author(s)

Andres Wainer
Doctor en Ciencias Sociales (FLACSO), Licenciado en Sociología (UBA) y Magíster en Economía Política (FLACSO). Investigador del Área de Economía y Tecnología de la FLACSO y del CONICET. Docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y en las Maestrías en Economía Política (FLACSO) y Sociología Económica (IDAES-UNSAM). Sus principales temas de investigación y publicaciones se vinculan con las restricciones al desarrollo económico y el rol de las clases dominantes en la Argentina y Latinoamérica.