Nueva ley contra el lavado de dinero en Mexico

Las operaciones comerciales y financieras hechas con dinero proveniente del crimen organizado, en la forma de lavado de dinero, es un delito que ha atacado severamente a México en los últimos años.  En respuesta a esta problemática, en el año 2008 se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. En éste, el gobierno mexicano se comprometió a formular una nueva estrategia nacional contra el lavado de dinero.  En el año 2010, el Presidente Felipe Calderón presentó la iniciativa del proyecto de Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita a la Comisión permanente del H. Congreso de la Unión.  Después de un análisis de casi dos años en las Cámaras de Diputados y Senadores, el 11 de Octubre de 2012 el Senado de la República aprobó el dictamen de la ley, y finalmente el Presidente promulgó la ley cinco días después.

El propósito de la norma es cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (GAFI), que es un organismo intergubernamental internacional, y  con los estándares y compromisos establecidos en la Convención de Palermo.

Según los considerandos de la ley, sus objetivos incluyen el establecimiento de las medidas necesarias para prevenir, identificar e investigar los actos y operaciones que involucren recursos provenientes del crimen organizado; y  la propuesta de un régimen de identificación y reporte de las actividades financieras vulnerables al lavado de dinero debido a la introducción de recursos de procedencia ilícita en la economía nacional.  A tales efectos, se definen tres líneas de operación. La primera crea un sistema de identificación y seguimiento de las transacciones económicas consideradas como vulnerables e inusuales.  Entre las obligaciones establecidas en este rubro para instituciones financieras, intermediarios financieros, comercios y fedatarios públicos,  están las de verificar la identidad de clientes y usuarios a través del requerimiento de información persona; a informar a las autoridades federales sobre actividades inusuales o sospechosas; a conservar dicha información por un periodo de cinco años; y a establecer procedimientos para prevenir y detectar transacciones vulnerables a lavado de dinero.  Específicamente para las instituciones financieras, se establece la obligación de enviar reportes periódicos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre dichas actividades.  En la segunda línea de operación, se dota a la Secretaría de Hacienda de mayor capacidad de supervisión y sanción para prevenir el lavado de dinero y hacer cumplir la ley. Asimismo, se crea una Unidad Especializada en Análisis Financiero dependiente de la Procuraduría General de la República con facultades de investigación de operaciones relacionadas con el lavado de dinero.  Finalmente, la tercera línea de acción impone restricciones en el uso tanto de dinero en efectivo como de servicios en transacciones comerciales, a partir de montos fijados por la ley. Este rubro incluye actividades tales como la emisión, comercialización y uso de tarjetas de crédito y pre-pagadas; la emisión de cheques de viajero; la compra-venta de joyas, medios de transporte, bienes raíces, obras de arte, etc.; y la prestación de servicios profesionales de manera independiente.

En la discusión para la aprobación del decreto de ley en el Senado de la República se enfatizó la que el ataque a la estructura financiera del crimen organizado constituye un remedio más efectivo. El razonamiento es los altos mandos capturados suelen ser inmediatamente sustituidos por otros nuevos, que toman posesión de los bienes de la organización y aseguran la continuidad de las operaciones delictivas.  La lógica básica de negocios indica que toda empresa necesita dinero e infraestructura para poder operar, y que la interrupción del flujo de efectivo necesario para la continuidad de las actividades crea el riesgo de bancarrota y desaparición de la empresa. La misma lógica es seguida para el combate al crimen organizado, que tiene como objetivo principal del interrumpir los flujos de capital ilícito que hacen posible la delincuencia organizada.  La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) estima que sólo entre los años 2003 y 2004 hubo en México excedentes de entre 9.2 y 10.2  billones de dólares, respectivamente, provenientes de la delincuencia organizada.  Asimismo, la DEA ha manifestado que la mayoría de los ingresos ilícitos provenientes de la venta de drogas en Estados Unidos son enviados a México en lugar de ser insertados en el sistema financiero de los Estados Unidos.  En México, aproximadamente el setenta porciento de las transacciones comerciales se hacen en efectivo, lo que hace difícil el rastreo del flujo de dinero que entra al país producto del crimen organizado. El modo de operación del crimen organizado supone que el dinero, una vez ingresado en México, sea invertido en negocios lícitos, depositado en instituciones financieras a través de testaferros, o usado en la compra de bienes raíces, vehiculos y artículos de lujo.  Es por esta razón que la nueva ley impone nuevas obligaciones a las instituciones financieras y a otras instituciones susceptibles de ser usadas para fines de lavado de dinero, a fin de posibilitar un más eficaz de las fuentes de dinero ilícito.

Desafortunadamente, esta nueva ley incluye una serie de medidas que podrían indirectamente frenar la inversión extranjera en México, ya que los nuevos controles instituidos, necesariamente, requerirán la creación de procesos burocráticos que pueden retrasar, dificultar y desalentar la apertura de nuevas empresas y el arribo de capital extranjero y en general desacelerar nuevas transacciones comerciales.  Los impulsores de esta ley podrán argumentar que esta ley se concentra principalmente en transacciones hechas con dinero en efectivo, pero es indiscutible que las nuevas regulaciones tendrán un impacto en todos los ámbitos comerciales y financieros.  También la delincuencia organizada encuentre nuevos métodos de operación para el manejo de sus ingresos. Entre estos posibles nuevos métodos están, el de operar por debajo de los máximos montos de dinero permitidos por la ley; la diversificación e inversión de capitales en bienes e industrias no especificadas en la ley; y el uso de más testaferros para reducir los montos de inversión. El Secretario de Hacienda José Antonio Kuribeña ha expresado que uno de los mecanismos más eficaces para proteger a la economía formal de operaciones de lavado de dinero es el conocimiento del cliente, sin embargo, requerimientos de información demasiado estrictos en transacciones tan sencillas como la compra de un automovil o un reloj de lujo, traerán consigo riesgos para la seguridad de los clientes, al proveer información personal y financiera a particulares.  En conclusión, al aprobar esta ley acorde con estándardes internacionales, el gobierno mexicano asume también el reto de demostrar a la comunidad internacion capacidad y voluntad para luchar en contra del crimen organizado y reafirmar la idea de que México puede continuar siendo un país atractivo para la inversión extranjera. Ello requiere trabajar para una efectiva puesta en práctica de la nueva normativa, y que el ejecutivo federal enfrente un problema que ha escapado a su control y que requiere remedios inmediatos. En palabras del Presidente Calderón "el reto es que se pueda recuperar la tranquilidad de México y se haga del imperio de la ley el pillar del progreso de México."

         

Cristian Minor
Cristian Minor is a J.D. Candidate Class 2014 in the University of Pittsburgh School of Law. He obtained his L.LM from the University of Pittsburgh School of Law in 2012. Also, he received his first law degree from the Autonomous University of Puebla State, in Puebla, Mexico, in 2003, where he also received a diploma in Mediation as an Instrument for the Resolution of Conflicts in 2007 and a diploma in Human Rights, Public Safety, and Administration of Justice in 2008.

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